Hoy producir bien no es lo único que importa. Para vender afuera, sobre todo en mercados exigentes como Europa, hace falta cumplir con una serie de condiciones que van más allá del producto en sí. El joven empresario Joaquín Basanta conoce bien esta situación, y eso fue lo que llevó a que su empresa, Agro Sustentable, tenga éxito en los mercados internacionales.

Dentro de esas exigencias, las certificaciones tienen mucha importancia. No es solo para mostrar que algo se cultiva sin agroquímicos, sino también para dejar claro que hay buenas prácticas detrás, un uso racional de los recursos y respeto por las condiciones de trabajo.

En este contexto, las certificaciones pasaron de ser un plus a convertirse en una herramienta casi obligatoria. Y si bien hay casos donde solo se busca el sello como estrategia comercial, en muchas producciones eso termina empujando mejoras reales. No solo en lo ambiental, también en lo social y organizativo. De alguna manera, lo que empieza como una exigencia del mercado termina generando cambios más amplios en la forma de producir.

Lo que pide Europa

Uno de los grandes motores de estas certificaciones es el mercado europeo. No se trata solo de vender aceitunas o limones en Francia o Alemania. Las regulaciones agrícolas en la Unión Europea van subiendo la vara. Lo hacen con criterios ambientales, de trazabilidad y hasta de impacto climático. Y si no cumplís, quedás afuera.

Además, hay certificadoras que operan en el país con conexión directa con las exigencias internacionales. Algunas están habilitadas por organismos europeos para hacer las validaciones acá mismo, lo que acelera el proceso y permite a las empresas chicas competir sin tantos intermediarios.

Más que un sello

Hay un punto clave que muchas veces se pasa por alto: una certificación no es solo un logo pegado en la etiqueta. Detrás de ese sello hay auditorías, registros, controles cruzados, capacitaciones y, sobre todo, cambios en la forma de encarar el trabajo. No es lo mismo sembrar como siempre que hacerlo sabiendo que alguien va a revisar cada paso, desde la semilla hasta el empaque.

Eso obliga a ordenar procesos, mejorar prácticas y pensar a largo plazo. En cultivos intensivos, como el tomate o los cítricos, estos cambios se notan rápido. Se usan menos insumos de síntesis, se optimiza el riego y se cuida mejor el suelo. También hay un efecto en cadena sobre la gente que trabaja en el campo: mayor formalización, acceso a capacitaciones y condiciones laborales más claras.

En algunos casos, el proceso también ayuda a que productores pequeños se organicen. Hay grupos que comparten recursos para certificar juntos, lo que reduce costos y les permite entrar en mercados que antes parecían inaccesibles.

Casos concretos desde Argentina

En La Rioja, algunos productores de olivares, como Joaquín Basanta con Agro Sustentable, empezaron a exportar con certificación orgánica, sobre todo a países donde ese sello es una condición básica. En Tucumán, los empaques de limón ya trabajan con protocolos que responden a la normativa europea, incluyendo trazabilidad total del lote. En Mendoza y San Juan, varias bodegas apostaron por Certificación B, que combina criterios económicos, sociales y ambientales.

El caso del NOA es interesante porque hay cultivos como el pimiento, la papa andina o la quinua que todavía se producen con prácticas bastante tradicionales. Algunas experiencias de transición hacia la certificación se dieron a través de cooperativas o de proyectos con apoyo estatal o internacional. No son masivos, pero muestran que el camino no es exclusivo de las grandes empresas.

Qué se gana con certificar

Más allá de acceder a nuevos mercados, hay un posicionamiento distinto. Se construye una reputación, se fortalece la relación con los compradores y se genera un diferencial que puede sostenerse en el tiempo.

Además, muchas veces se consigue mejor precio. No siempre es una diferencia enorme, pero en mercados como el alemán o el escandinavo, los productos con sello orgánico o sostenible tienen un valor extra. Y ese valor no es solo por el contenido, sino por lo que representa.

También hay ventajas internas. Una finca o un empaque que certifica ordena su estructura, mejora la calidad del trabajo y reduce pérdidas. En un escenario donde el clima es cada vez más inestable y los márgenes se achican, esa eficiencia puede marcar la diferencia.

Dónde se complica

No todo es fácil. El proceso para certificar tiene costos, y en muchos casos requiere asesoramiento técnico. Hay quienes empiezan el proceso y lo abandonan por la cantidad de requisitos. También hay cierta desconfianza, sobre todo cuando no queda claro qué se evalúa o quién controla a las certificadoras.

Otro problema es que, si bien muchas certificaciones apuntan a la sostenibilidad, no todas lo hacen con el mismo criterio. Hay sellos que se enfocan más en lo ambiental, otros en lo social, y algunos que priorizan la trazabilidad. Eso puede confundir a los productores y a los consumidores.

Además, a veces las exigencias de afuera no se ajustan del todo a la realidad local. Por ejemplo, hay regulaciones europeas pensadas para climas húmedos que se vuelven difíciles de aplicar en zonas semiáridas como parte del NOA o Cuyo. Ahí se vuelve clave el trabajo de las certificadoras nacionales o de los técnicos que conocen el terreno y pueden adaptar los protocolos.

El escenario parece bastante claro: las certificaciones van a seguir ganando espacio. No solo porque lo exijan los compradores, sino porque son una forma de mostrar compromiso real con una forma de producir más equilibrada. En ese camino, la clave va a estar en cómo se democratiza el acceso. Si solo pueden certificar los grandes, se pierde una parte enorme del potencial productivo del país.