Estimulada por las condiciones mundiales señaladas, surgió la concepción de que era fundamental proporcionar un apoyo decidido del Estado para fomentar el desarrollo de manufacturas domésticas que permitieran reemplazar las que provenían del exterior. En la gestación de esta teoría intervinieron una combinación de ideas económicas en boga en la época, así como también los mitos, valores y preconceptos que siempre integran las ideologías.
Buena parte de la historia económica moderna de la Argentina, como la de la mayoría de la América Latina, gira alrededor de la sustitución de importaciones, sus logros efectivos y las crisis en que fue cayendo a través de los años. Si su incidencia fue mucho mayor en esta parte del mundo que en otras regiones que enfrentaban situaciones parecidas se debe probablemente más que a ningún otro factor, a la existencia de la CEPAL y de grupos de economistas muy ligados a ella, que produjeron una doctrina elaborada y que ofrecieron el liderazgo y la fuerza de choque intelectual que aseguró su prevalencia sobre otros enfoques alternativos o más equilibrados. En los capítulos subsiguientes se describirán en particular los efectos de esa concepción política sobre el sector agropecuario y a través de él sobre la economía en conjunto, pero vale la pena sintetizar las premisas sobre las cuales se basaba teóricamente la industrialización forzada y la sustitución de importaciones como estrategia de desarrollo económico.
Es un hecho aceptado en general que las actividades agropecuarias son incapaces de absorber ilimitadamente el crecimiento demográfico. Aunque resulte posible intensificar la producción con tecnología trabajo-intensiva que genera fuerte demanda de mano de obra, es evidente que los países muy densamente poblados tienen que crear ocupación extra agrícola. Del mismo modo, es un hecho conocido que el desarrollo económico y la alta productividad desplazan mano de obra rural, por lo cual es indudable que el proceso de industrialización es un componente esencial de la modernización y enriquecimiento de todas las sociedades. Hasta aquí no hay discusiones y por lo tanto el debate se circunscribe a saber si la estrategia de industrialización sobreprotegida fue la más indicada o, más concretamente para nuestro caso, si el olvido del sector agropecuario tuvo consecuencias favorables o negativas globalmente.
El objetivo fundamental de la sustitución de importaciones era conseguir un crecimiento del producto y el ingreso a una tasa más alta que la expansión de las exportaciones. Para ello, sus propugnadores partían de algunos supuestos que interesa analizar en detalle:
1.Se mencionaba insistentemente que un incremento de la inversión industrial no iría acompañado de una disminución correlativa de la inversión en las áreas económicas de exportación que serían forzosamente castigadas por el proceso. Para ello tomaban la visión pesimista de los años de dificultades en el comercio mundial y consideraban que las economías latinoamericanas en conjunto se encontraban en situación de subempleo, por lo cual la concesión de un tratamiento privilegiado en la tasa de retorno esperada o mediante la disminución de riesgos, en las industrias de sustitución de importaciones, atraería recursos mal utilizados y generaría su propio ahorro.
2. En segundo lugar, se había elaborado una compleja teoría del “deterioro de los términos del intercambio” por la cual se proyectan al futuro las ya mencionadas situaciones de dificultad en el mercado internacional. Según esta teoría, las exportaciones de productos primarios estaban condenadas a competir siempre en desventaja y el mercado mundial para los mismos crecería muy lentamente, por lo cual no se justificaba cifrar esperanzas en incrementos considerables de la producción que no encontrarán demanda exterior.
3. En tercer término, se consideraba superficialmente que el sector agropecuario en su producción para abastecer toda la demanda, actuaba con muy baja intensidad de capital y con técnicas poco elaboradas. Sus costos de producción y su nivel de productividad se suponían, por lo tanto, que eran muy poco dependientes de inversiones adicionales o de insumos tecnológicos, ya fueran importados o fruto de la sustitución de importaciones.
La implicación de estas premisas era que resultaría posible impulsar sin límites las políticas de fomento industrial sin afectar el desarrollo de los sectores tenidos por pasivos y sin acarrear deterioros secundarios a la economía en conjunto.
Por el contrario, los abogados del “fundamentalismo industrial” o de la industrialización “à outrance”, subrayaban enfáticamente que el sector agropecuario representaba una alternativa inadecuada para absorber la inversión porque, además de que se suponía baja la elasticidad de precios e ingreso de las exportaciones tradicionales, se consideraba que las industrias ofrecen mayor diversidad y amplitud tecnológica de expansión.
Por último, y muy importante, se partía de una actitud estructuralista, según la cual un aumento significativo en la producción agraria sólo podría lograrse mediante una difícil combinación de reformas institucionales, copiosas inversiones públicas en crédito, cooperación técnica y otros servicios, y amplios subsidios a los productores. Se consideraba que ese tipo de políticas no podía lograrse de gobiernos influidos por la “oligarquía” terrateniente, que se suponía interesada únicamente en perpetuar su privilegiada posición de poseedora de amplias extensiones que aseguraban a sus integrantes un ingreso elevado y prestigio social sin necesidad de un fuerte esfuerzo de inversión y dedicación. Por lo tanto, una de las estrategias implícitas en la industrialización era la creación de una “burguesía industrial” que competiría con la burguesía de extracción rural por el liderazgo y el control político del país.
Por todo lo expuesto, la teoría de la sustitución de importaciones pronto pasó a convertirse en una ideología enarbolada por partidos políticos nuevos y antiguos y tendió a encarnarse en grupos sociales numerosos e influyentes. En muchas de estas agrupaciones se entremezclaban en diversas proporciones los idearios antiliberales socialistas, nacional-socialistas, corporativistas y populistas que fermentaban a la sazón en el Viejo Mundo. La industrialización forzada se integraba muy convenientemente con la militancia social de estos esquemas, que reivindicaban expresa e implícitamente las políticas económicas de guerra de la Unión Soviética y de los países del eje. Razones de lucha ideológica habían de dar gran difusión a dichos modelos como un camino hacia el desarrollo acelerado, en tanto que restaban importancia a las falencias de los mismos y a sus tremendos costos. Las tendencias librecambistas por el contrario quedaron circunscritas a núcleos políticos minoritarios que no consiguieron proponer una alternativa atrayente para concitar la alianza de otros grupos, con lo cual su influencia en la conducción pública quedó totalmente desplazada cuando subieron al poder los anteriores. Por último, es importante señalar que cuando los gobernantes argentinos adoptaron la decisión de aplicar las políticas autarquizantes que favorecen la sustitución de importaciones lo hicieron con una intensidad muy superior a la de los ejemplos existentes en casos de éxito. Baste citar que la tarifa de protección erigida por las autoridades argentinas hacia 1960 se encontraba en el 151 o/o, cinco veces más alta que la vigente en Australia y casi cuarenta veces superior a la de los países escandinavos.
En una especie de reacción esquizofrénica la Argentina habría de pasar de país librecambista hasta 1930, a ser uno de los países con políticas más altamente proteccionistas. El mismo nivel de proteccionismo instituido habría de generar una serie de actitudes ineficientes en las industrias de sustitución de importaciones y obligaría a mantener los subsidios mucho más allá del período de “industria infantil” hasta perpetuarse como prohibición de concurrencia exterior, con los efectos adversos que se verán.
