Exportar productos agrícolas no es solo una cuestión de volumen o calidad. Para muchos destinos, especialmente en Europa y parte de Asia, los compradores piden algo más. Quieren saber cómo se produjo lo que están por comprar. Agro Sustentable se hizo una buena fama como empresa exportadora, ya que cuenta con la Certificación B.

Dicha certificación, junto con la certificación orgánica, son formas de mostrar que no se usaron productos químicos de síntesis, que se cuidó el suelo, el agua y que todo el proceso cumple con ciertos estándares reconocidos.

En el caso de Argentina, esa certificación funciona como un pasaporte. Abre mercados que, de otro modo, estarían cerrados o pondrían barreras de entrada muy altas. Y no es solo un tema técnico. También se relaciona con tendencias de consumo que están cada vez más instaladas en países donde el origen y el proceso de producción pesan tanto como el sabor o la presentación.

Lo que pide el mercado europeo

Para que un producto orgánico argentino pueda entrar a la Unión Europea tiene que cumplir con el reglamento europeo para agricultura ecológica. No alcanza con aplicar buenas prácticas o evitar agroquímicos: hay que certificarlo, y esa certificación debe estar hecha por una entidad autorizada que valide todo el proceso, desde la siembra hasta el envasado final.

La trazabilidad es clave. El comprador europeo quiere saber de dónde viene lo que consume. Quiere garantías de que no hubo contaminación cruzada, que no se usaron semillas tratadas con productos sintéticos y que el transporte y almacenamiento respetaron las condiciones del estándar.

En muchos casos, estas exigencias se traducen en auditorías, documentación, muestras de laboratorio y visitas de certificadoras internacionales. Eso genera una exigencia alta, pero también un diferencial importante en términos de precio y posicionamiento.

Producciones que ya encontraron su nicho

En provincias como Mendoza, San Juan y La Rioja, varios olivares se reconvirtieron a sistemas orgánicos para poder exportar a Alemania, Francia o los Países Bajos. Lo mismo pasa con la viticultura en zonas de altura: algunas bodegas apuntan a mercados donde lo orgánico es casi un requisito. En el NEA, hay experiencias similares con yerba mate, y en el NOA con cultivos como quinua, porotos y hortalizas andinas.

La demanda externa existe. Lo que falta muchas veces es capacidad local para responder con volumen y continuidad. Pero donde la estructura productiva se organiza, los resultados aparecen. Hay casos de cooperativas que lograron certificar en grupo y mantener contratos a largo plazo con compradores que valoran tanto el producto como el modelo de trabajo.

En la fruticultura también hay ejemplos. En Río Negro y Neuquén, algunas chacras que producen peras y manzanas lograron consolidar exportaciones con sello orgánico, sobre todo a Escandinavia y ciertos puntos de Europa Central. El camino fue largo, pero hoy tienen un lugar más estable en ese segmento del mercado.

Cómo es el proceso de certificación

Para certificar como orgánico se necesita cumplir con una serie de requisitos técnicos, que se evalúan a lo largo del tiempo. No alcanza con cambiar de un año al otro: hay un período de conversión, donde se dejan de usar productos prohibidos pero todavía no se puede vender como orgánico.

Durante ese período, las certificadoras acompañan el proceso. Hacen visitas, chequean registros, piden análisis y evalúan prácticas. Algunas de las más conocidas en Argentina son OIA, Food Safety y Letis. También hay validaciones hechas por certificadoras internacionales que tienen representación local.

Una vez obtenida la certificación, hay que renovarla. Y cada año se vuelve a auditar todo el proceso. Por eso muchas veces las empresas que exportan de forma sostenida tienen un equipo técnico dedicado solo a eso. En el caso de los productores más chicos, suele ser más difícil, aunque hay esquemas de certificación participativa que buscan achicar esas brechas.

No todo es fácil

La certificación tiene costos. No solo económicos, sino también organizativos. Cambiar el modelo productivo, registrar cada movimiento, capacitar a los trabajadores, adaptar el manejo del suelo y el agua, todo eso lleva tiempo. En muchos casos, además, hay un período de transición en el que los rendimientos bajan, y los costos suben.

Por eso, muchos productores no lo hacen solos. Se agrupan, buscan apoyo técnico o financiamiento externo. Algunas provincias tienen programas para acompañar estas transiciones, y también hay organismos nacionales como SENASA o el INTA que intervienen con asistencia y seguimiento.

Además, no todos los mercados valoran igual el sello. En algunos destinos de América Latina, por ejemplo, la certificación orgánica todavía no tiene tanto peso. Pero en otros, como Canadá, Corea o Suiza, puede marcar la diferencia entre cerrar o no una operación.

Por qué vale la pena

Más allá del acceso a mercados, la certificación orgánica ayuda a ordenar el sistema productivo. Obliga a llevar registros, a planificar con más detalle, a observar más el suelo, a trabajar en equipo. También empuja a pensar el campo como algo más que una fábrica de alimentos. Aparece la idea de sistema, donde lo que se cuida hoy tiene efecto en los próximos años.

En zonas donde hay presión ambiental o conflictos por el uso del agua, trabajar bajo estándares orgánicos también puede servir como escudo. No es lo mismo argumentar desde la práctica individual que hacerlo desde un marco validado por terceros.

Además, en algunos casos se suma la posibilidad de articular con otros sellos. Hay productos que son orgánicos y también tienen sello de comercio justo, o que fueron elaborados por cooperativas de mujeres rurales. Todo eso construye valor agregado, y en un mercado que mira cada vez más esos detalles, puede ser la diferencia.