Simultáneamente, en esta época se registran una serie de medidas orienta-das en su motivación primaria a mejorar la distribución del ingreso dentro del sector rural. Esto comprendió un número modesto de expropiaciones de tierras de gran-des propietarios con fines de colonización y una medida que habría de resultar de gran impacto nacional consistente en la congelación de los precios de los arrendamientos rurales, unida a diversas medidas que eliminaban la posibilidad de negociación libre de estos contratos.

Estas disposiciones mantenidas durante un período en que el peso perdía su valor real rápidamente, condujeron a mantener el precio de la tierra arrendada por debajo de su valor. Ello provocó innumerables litigios y desapareció la oferta de tierras en alquiler, quedando congelada la situación de los contratos preexistentes. A lo largo de dos décadas la distorsión del precio de los factores y los conflictos personales mantuvieron una marcada inseguridad en la posesión de las tierras y actuaron como un desestimulo en la inversión sobre una extensión muy elevada de tierras, en su mayoría de buena aptitud para el cultivo. Debe recordarse que era un hábito muy difundido en las empresas mayores la de arrendar potreros rotativamente, como un sistema para refinar los campos mediante algunos años consecutivos de laboreo y cosecha, al cabo de los cuales la tierra era restituida al propietario sembrada con forrajeras, en tanto que el agricultor continuaba trabajando otras tierras frescas. Este procedimiento tenía la ventaja de asegurar mejores rendimientos agronómicos por rotación de las tierras, que eran periódicamente sometidas a descanso y aprovechadas en pastoreo, con obvias ventajas de manejo y conservación de los recursos. A la vez, los agricultores tenían más posibilidades de un ingreso satisfactorio, trabajando a su capacidad para cada campaña, siempre en tierras frescas. Al interrumpirse las posibilidades de libre contratación de los arrendamientos, muchos colonos quedaron presos en parcelas insuficientes para el funcionamiento de una empresa agrícola a largo plazo y se vieron compelidos a dejar las tierras y frecuente-mente a emigrar a las ciudades ante la total imposibilidad de hacer otros contratos.

Como consecuencia secundaria de la defectuosa orientación de la política de arrendamientos, el sistema cayó prácticamente en desuso. Gracias a las sucesivas modificaciones que se introdujeron al régimen de arrendamientos con posterioridad a 1955 para corregir la multitud de conflictos que había generado, una parte de las tierras fueron rescatadas por sus propietarios mediante el pago de compensaciones, en tanto que otra parte fue adquirida por los arrendatarios a precios inferiores al valor venal, no existiendo estadísticas que permitan determinar el número de unidades que siguieron uno u otro de los caminos indicados. Puede señalarse, sin embargo, que las tierras trabajadas con contratos de arrendamiento o aparcería, que eran casi el 60 o/o del total del país en la década del 30, descendieron ya a menos del 20 o/o en la década del 60 y el proceso de liquidación de los con-tratos renovados indefinidamente de oficio continuó hasta no quedar casi vestigios en nuestros días, cuando se estima que menos del 15 o/o de las empresas y el 10 o/o del área son manejadas en arrendamiento.

Aún en 1976, al adoptarse disposiciones destinadas a hacer nuevamente posibles los contratos de arrendamiento, la posibilidad de una futura recaída en la arbitrariedad, se mantiene como un fantasma que limita el uso del sistema. El arrendamiento rural con sus obvias ventajas que otorgaban elasticidad a la empresa agraria y ofrecían un camino para el surgimiento y progreso de nuevos productores, parece haber quedado circunscrito a casos especiales, hasta tanto no se disipen totalmente los factores sicológicos subsistentes del periodo del congelamiento.

La estructura impositiva

Hacia la década del 50 se hace perceptible también la influencia negativa que ejercía sobre la productividad del agro la modificación paulatina que había venido experimentando la estructura impositiva del sector.

Antes de 1930 el impuesto inmobiliario representaba el componente más importante del rubro impuestos de la empresa agropecuaria. Por definición se trataba de un impuesto directamente proporcional a la magnitud del bien productivo y que dejaba la libre disposición de todo el producido. Además, era pasible de ser modificado con recargos al latifundio y a la residencia en el extranjero del propietario, como se aplicó en varias provincias.

Desde 1930 comenzaron a regir el Impuesto a los Réditos y el Impuesto a las Ventas que gravan directamente y con escalas crecientes a la producción. Otro tanto sucede con el Impuesto a las Actividades Lucrativas., diversas tasas municipales, provinciales yo federales y principalmente el sistema de impuestos o retenciones a las exportaciones que se encuentran directamente de los volúmenes producidos y de las utilidades obtenidas por la empresa agropecuaria. 

Con el paso de los años, las condiciones de inflación persistentes ayudaron a disminuir la incidencia del impuesto Inmobiliario que se aplica sobre valuaciones fiscales desactualizadas. Por el contrario, con inflación los impuestos al ingreso recargan siempre ganancias monetarias ficticias que aumentan su incidencia relatividad.

Esta evolución de los impuestos hacia un aumento en términos absolutos y hacia una incidencia relativa mayor de los que pesan sobre las cantidades producidas representa indudablemente un elemento negativo, aunque sus efectos resulten de difícil cuantificación. Esos efectos se manifiestan por: 

a. Aumentar los costos marginales de producción

b. Sustraer capacidad de inversión

c. Mantener expectativas psicológicas pesimistas en los productores que ven al Estado como un socio rapaz

d. Desanimar selectivamente la asunción de riesgos e inversiones innovativas.

En la década del 70, se inicia un movimiento tendiente a devolver las cosas a la situación originaria elevando el peso relativo del impuesto inmobiliario. Sin embargo, la tentativa tuvo serias dificultades en su trámite que han diferido su concreción hasta el presente. Las causas que lo motiva-.ron son las siguientes:

a. El apego de los funcionarios a fórmulas preciosistas de valuación de los predios por su renta potencial, dejando de lado otras formas de avalúo y reajuste más expeditivas y que habían permitido establecer valuaciones fiscales de aceptación general desde mucho antes.

b. La fuerte demanda fiscal que hizo temer que las nuevas tasas inmobiliarias resultaran confiscatorias y que no fueron acompañadas de reducciones de otras cargas impositivas.

La situación expuesta, al mantener muy bajo el costo de mantenimiento de la tierra subexplotada, es sin duda un componente importante de la fuerte valorización especulativa que han venido sufriendo los campos en la Argentina.