La demanda de alimentos a nivel mundial provoca que la actividad agrícola se expanda rápidamente, y esta expansión lleva consigo un incremento en el uso de agroquímicos que ayudan en la producción.

Los agroquímicos están regulados en Argentina por medio del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). La regulación de estos productos es un tema muy complejo y multifacético donde se abarcan cuestiones tales como la certificación o el control del producto con la meta de, por un lado, proteger la salud pública, y por el otro, promover prácticas agrícolas más seguras y amigables con el Medio Ambiente.

¿Cuáles son las normas nacionales?

Todos los agroquímicos, ya sean herbicidas, plaguicidas, insecticidas o fertilizantes deben estar registrados en el RNdTV (Registro Nacional de Terapéutica Vegetal) que es una dependencia del SENASA, la obtención de este registro asegura que los productos fueron evaluados y aprobados previo a su distribución y comercialización.

La ley 27.279, por ejemplo, establece el presupuesto destinado a la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, esto destinado a proteger la salud ambiental.

Otra ley competente al tema es la 24.051 que establece disposiciones para el manejo de residuos que estén denominados como peligrosos. La definición de la ley denomina peligroso a “todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a ser que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

Argentina es firmante de la Declaración de Colombo, un programa de las Naciones Unidas por el cual se compromete a los firmantes a adaptar su legislación a fines de reducir el desperdicio de nitrógeno para el año 2030. Es por eso, que el SENASA realiza una particular inspección en fertilizantes nitrogenados y fosforados, puesto que estos tienen la capacidad de deteriorar cuerpos de agua naturales, afectando a especies acuáticas y reduciendo la biodiversidad.

¿Y las normas provinciales?

Cada provincia tiene su propio marco legal por el cual se regulan los agroquímicos, y estas normas varían considerablemente entre cada una de ellas y esto puede resultar en inconsistencias y dificultades para la implementación efectiva.

Algunos ejemplos de legislaciones provinciales sobre los agroquímicos pueden ser:

Buenos Aires: La provincia de Buenos Aires tiene regulaciones estrictas sobre el uso de agroquímicos, estableciendo, por ejemplo, la creación de zonas de amortiguamiento en la cercanía de poblaciones donde el uso de agroquímicos está prohibido.

Santa Fe: Es exigido por ley provincial en la provincia de Santa Fe que los aplicadores de agroquímicos estén certificados y capacitados, se requiere que tengan el conocimiento para un manejo seguro de estos productos.

Córdoba: Similar a la legislación bonaerense, en Córdoba, la legislación regula distancias mínimas para aplicar productos agroquímicos en relación a lugares como casas, escuelas o hasta cursos de agua.

Prácticas para un uso más seguro

Para que los agroquímicos se utilicen de forma más segura, la legislación nacional promueve prácticas agrícolas destinadas a minimizar el impacto ambiental y para proteger la salud de la gente.

Rotación de los cultivos: Alternar entre diferentes cultivos ayuda a reducir las plagas y enfermedades, de esta forma se reduce la necesidad de agroquímicos y se cuida la salud del suelo.

Manejo Integrado de Plagas: Es la utilización de una combinación de métodos biológicos y químicos para controlar las plagas de forma más orgánica.

Cultivos de Cobertura: Durante el tiempo donde no hay cultivos principales, plantar cultivos que cubren la tierra para prevenir la erosión del suelo es una práctica que reduce la demanda de fertilizantes químicos y prolonga la salud del suelo.

La legislación de agroquímicos en el futuro

Argentina tiene una legislación muy perfectible en cuanto a regulación de agroquímicos se refiere, en este sentido, el espacio para mejorar es mucho, y abarca áreas diferentes como el fortalecimiento del marco legal. Haciendo una revisión y actualización continua de las leyes tanto nacionales como las provinciales es vital para no quedarse atrás en las innovaciones que transforman la realidad del sector agrícola.

La colaboración con otros países y con organismos internacionales puede ayudar a Argentina a mejorar sus regulaciones y prácticas agrícolas, así como también aportar las experiencias propias del campo argentino a diferentes países.

La promoción de la sustentabilidad es otro objetivo al que la legislación puede apuntar en el futuro, con la implementación de sistemas agrícolas que integren prácticas más verdes y objetivos como un mejor manejo del agua, el cuidado por la biodiversidad y la conservación del suelo.

No menos importante es la inversión en programas que eduquen y concienticen a agricultores, aplicadores y a la población en general sobre los riesgos, pero también las oportunidades del uso de agroquímicos y su correcta utilización.