Para recibir la ayuda de la Política Agrícola Común (PAC),  a la que tienen derecho los agricultores, se deben respetar un conjunto de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima. 

El principio de condicionalidad se aplica a cerca del 90 % de la superficie agrícola utilizada en la Unión Europea (UE) y lleva a cabo un papel importante en la integración de las prácticas agrícolas sostenibles. Este conjunto de normas básicas se denomina BCAM, es decir, buenas condiciones agrarias y ambientales.

Una de las normas BCAM  exige, entre otras cosas, destinar un porcentaje mínimo de tierras de cultivo a superficies o elementos no productivos. Esto suele referirse a tierras en barbecho, pero también a elementos como setos o árboles. 

Las explotaciones con menos de diez hectáreas de tierra cultivable suelen estar exentas de esta obligación. La Comisión ofrece la posibilidad de que todos los agricultores de la UE queden exentos de este requisito y puedan optar a sus pagos directos básicos de la PAC.

En lugar de conservar las tierras en barbecho o improductivas en sus tierras de cultivo, se tomará en cuenta que cumplan con el requisito de cultivar fijadores de nitrógeno, tales como lentejas, guisantes o favas o cultivos intermedios en un porcentaje específico de sus tierras. 

Los cultivos intermedios hacen referencia a las plantas que crecen entre dos cultivos principales. Estos cultivos pueden servir de forraje para animales o de estiércol verde. 

El uso de cultivos fijadores de nitrógeno y cultivos intermedios aporta una serie de beneficios medioambientales para la salud del suelo, incluida la biodiversidad del suelo y la limitación de la lixiviación de nutrientes. Los cultivos deben cultivarse sin productos fitosanitarios para conservar la ambición medioambiental de la PAC.

La propuesta de la Comisión se ha centrado en lograr un equilibrio adecuado entre ofrecer una ayuda adecuada a los agricultores que se enfrentan a numerosas crisis y proteger la biodiversidad y la calidad del suelo.

Dicha medida será votada por los Estados miembros. Luego, la Comisión procederá a su adopción formal. Los Estados miembros que deseen aplicar la excepción a nivel nacional deben notificarlo a la Comisión para que los agricultores puedan ser informados. 

Autoridades de la Unión Europea (UE), aseguran que los agricultores son la columna vertebral de la seguridad alimentaria de la región y el eje central de las zonas rurales. 

En este sentido, el compromiso  de la Comisión se materializa mediante un presupuesto destinado a  la política agrícola común, por un valor de 386.700 millones EUR, lo que contribuye a estabilizar los ingresos de los agricultores europeos, recompensando al mismo tiempo sus esfuerzos en materia de clima y sostenibilidad. 

Esta medida proporciona flexibilidad adicional a los agricultores en un momento en que se enfrentan a múltiples retos. En esta línea, la UE seguirá colaborando con los agricultores para garantizar que la PAC logre un equilibrio adecuado entre responder a sus necesidades y seguir ofreciendo bienes públicos a nuestros ciudadanos. 

Antecedentes de la actividad agrícola en la Unión Europea

Los agricultores se exponen a una serie excepcional de dificultades e incertidumbres. En particular, el 2023 se ha caracterizado por un número importante de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, incendios forestales e inundaciones en diversas partes de la Unión. 

Estos acontecimientos provocan daños en la producción y en los ingresos, así como a la ejecución y el calendario de prácticas agronómicas normales, lo que supone una importante presión sobre los agricultores para que se adapten.

Asimismo, los elevados precios de la energía y los insumos derivados de la agresión de Rusia contra Ucrania, el costo de vida y la inflación, los cambios en los flujos comerciales internacionales y la necesidad de apoyar a Ucrania han generado nuevas incertidumbres y presiones del mercado. 

En ese sentido, el precio de los cereales disminuyó considerablemente en comparación con 2022, lo que llevó a que el valor de la producción de cereales de la EU-27 disminuyera de 80.600 millones EUR en 2022 a 58.800 millones EUR en 2023, lo que supone una reducción de casi el 30 %. 

En tales condiciones, la obligación de retirar tierras de cultivo puede tener un impacto negativo significativo a corto plazo en los ingresos de determinados agricultores.

Ante este contexto, el apoyo de la Comisión al sector agrícola es una constante de la Unión Europea. Para el período 2023-2027, se distribuirán 300.000 millones EUR a los agricultores europeos como parte de los planes estratégicos de la PAC. Desde 2014, la Comisión también ha aprobado 2.500 millones de euros en medidas excepcionales de apoyo al sector para que puedan enfrentar diferentes crisis.